Fue creado en 1975 y su sede está en Luxemburgo. Su función es la de comprobar que los fondos de la Unión, que proceden de los contribuyentes, se recaudan adecuadamente y se emplean de forma legal, económica y para el propósito previsto. Tiene derecho a auditar a cualquier persona u organización que maneje fondos de la Unión Europea.
 
Se compone de un miembro por cada Estado miembro, designado por el Consejo por un período renovable de seis años. Los miembros eligen a uno de entre ellos como su Presidente y el cargo se extiende por tres años.
 
Su trabajo garantiza que la Unión funciona de forma eficaz y transparente. Para esto el Tribunal puede investigar la documentación de cualquier persona u organización que gestione los ingresos o gastos de la Unión Europea.
 
Sus conclusiones se vuelcan en informes que sirven para llamar la atención de la Comisión y los Estados miembros sobre eventuales problemas.
 
Para realizar bien su trabajo, el Tribunal de Cuentas debe ser totalmente independiente de las otras instituciones, pero también debe entrar en contacto permanentemente con ellas.
 
Una de sus funciones claves es presentar ante el Parlamento y el Consejo un informe anual sobre el ejercicio presupuestario anterior. El Parlamento examina el informe del Tribunal antes de decidirse a aprobar la gestión del presupuesto.
 
Por último, el Tribunal emite su dictamen sobre las propuestas de legislación financiera y sobre la acción de la Unión Europea en la lucha contra el fraude.
 
Organización del trabajo:
 
Su plantilla estable es de aproximadamente 800 personas, incluidos traductores, administradores y auditores. Estos últimos se dividen en grupos de auditoría y son quienes elaboran los proyectos de informe en los que el Tribunal de Cuenta basa sus decisiones.
 
Los auditores realizan frecuentemente viajes de inspección a otras instituciones de la Unión, los Estados miembro y cualquier país que reciba ayuda de la Unión Europea. Esto se debe a que, aunque el trabajo del Tribunal contempla esencialmente los fondos de los que la Comisión es responsable, en la práctica el 90 % de estos ingresos y gastos son gestionados por las autoridades nacionales.
 
El Tribunal de Cuentas no tiene facultades jurisdiccionales propias. Si sus auditores descubren fraudes o irregularidades, informan a la OLAF, que es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.